Red Roja viene manteniendo que su intervención electoral –incluida una eventual presentación de candidaturas a las elecciones- ha de estar claramente supeditada al fortalecimiento en el marco del Estado español del proyecto revolucionario por el que estamos trabajando, y muy especialmente dentro del ciclo de movilizaciones que está produciendo la profunda crisis sistémica que padecemos.
Dos grandes señas de identidad de carácter general tiene ese proyecto: la defensa de una salida a dicha crisis en una perspectiva socialista y el cuestionamiento profundo, en origen y consecuente, del régimen de la Transición que ahogó los anhelos rupturistas tras la dictadura franquista. En realidad, este doble carácter ya imprimió nuestra participación en Iniciativa Internacionalista-Solidaridad con los pueblos en 2009, si bien el acento se puso en contribuir a conformar el instrumento por el que el pueblo vasco pudiera hacer oír la voz que el Estado le negaba.
Hoy debemos hacer de la resistencia a la ofensiva del capitalismo euroalemán una condición sine qua non para nuestra intervención electoral –y con más razón tratándose de una elecciones europeas- poniendo el énfasis en lo que hemos dado en llamar nuestra línea de demarcación a partir de la cual ir acumulando fuerzas en las movilizaciones para acercar la salida revolucionaria por el socialismo. Dicha línea de demarcación queda establecida por el “no pago de la deuda” y es seguida, en toda lógica, por el rechazo del mismo institucionalismo de la Unión Europea y sus mecanismos de control económico-monetarios. Pero por supuesto que junto a esto debe seguir planteándose todo el cuestionamiento consecuente de la Transición, lo que incluye de manera especial la defensa del Derecho de Autodeterminación de los pueblos del Estado español. Bajo ningún concepto podemos olvidarlo, ahora que vivimos una peligrosísima ofensiva del más rancio nacionalismo español contra los más elementales derechos nacionales que claman por ser respetados en el conjunto del Estado.
Precisamente esta agresividad en curso del más retrógrado nacionalismo español exige de quienes se consideren de izquierdas un verdadero ejercicio de responsabilidad histórica ante la que no cabe ninguna invocación de carácter general para eludirla. Es por ello que entramos de lleno en esta declaración comenzando por reiterar nuestra solidaridad con quienes vienen sufriendo más esta agresión: el pueblo vasco y su representante más genuino, la izquierda abertzale. Lo hacemos también por consideración con quienes, de nuevo, hemos mantenido los contactos más serios ligados a las elecciones europeas, en sintonía con las relaciones cada vez más estrechas que se mantienen desde la fructífera experiencia de Iniciativa Internacionalista.
1. El vergonzoso silencio de la Izquierda institucional ante la represión de la izquierda abertzale.
Estas próximas elecciones al Parlamento Europeo también se van a realizar en una situación de persecución y encarcelamiento de vascos y vascas, como sucedió en las europeas de junio del 2009, por el mero hecho de haber ejercido derechos democráticos fundamentales. Más de seiscientos presos y presas vascos permanecen en cárceles situadas a miles de kilómetros de sus domicilios y en situaciones de presión insoportable, como ha demostrado la reciente muerte de Arkaitz Bellón.
Es intolerable que partidos autodenominados de izquierda en el Estado español, mientras desarrollan campañas de solidaridad con pueblos situados a miles de kilómetros, continúen mirando para otro lado y guardando silencio ante el avasallamiento reiterado de los derechos fundamentales de personas y colectivos de la izquierda abertzale en función, exclusivamente, de su ideología. Estas organizaciones incluso utilizan la misma terminología del PP y del PSOE para conseguir el que parece ser su objetivo mayor común: la derrota de quienes han tenido la valentía de luchar arriesgando su vida y su libertad. Los unos, porque defienden todo el engranaje de la Transición y las cloacas de sus aparatos de Estado y, otros, como IU porque la lucha coherente deja en evidencia que más allá de declaraciones, continúan atados a ese mismo carro.
Red Roja entiende que la defensa coherente de principios democráticos esenciales requiere:
1. La denuncia intransigente del atropello, grave y reiterado, de derechos políticos fundamentales, ejercido por el Estado contra personas y organizaciones de la izquierda abertzale. Es necesario mover todos los mecanismos y todas las solidaridades para amparar a una buena parte del pueblo vasco al que se le niega el más mínimo derecho de expresión.
2. La exigencia de apertura de las vías políticas que permitan la liberación de los presos y presas políticas, aplicando de inmediato la legislación penitenciaria ordinaria que incluye el derecho del reo a cumplir la pena lo más cerca posible de su domicilio. Esta exigencia no podemos dejar de extenderla, por principio, al conjunto de presos políticos del Estado español.
3. La denuncia de los sucesivos gobiernos del Estado español que han supeditado y supeditan a la obtención de réditos electorales avances en el proceso abierto para la resolución del conflicto vasco.
4. La afirmación clara de que frente a un estado que cierra todas las puertas y endurece la represión de forma aberrante, la razón histórica la tiene la izquierda abertzale y sus organizaciones.
2. Divisiones en el seno del poder y visualización creciente de la masiva corrupción política, empresarial y sindical.
Las próximas elecciones al Parlamento Europeo van a tener una significación política mucho más destacada que las anteriores. Se radicalizan las luchas obreras y populares en el Estado español como consecuencia de las brutales políticas aplicadas por el PP y antes por el PSOE, que son percibidas cada vez con más claridad como una ofensiva sin cuartel contra derechos laborales y servicios públicos que afecta, no sólo a la clase obrera, sino a sectores populares cada vez más amplios. El chantaje y la represión cada vez se contestan con más valentía.
Las consecuencias de la crisis están repercutiendo de forma importante en el debilitamiento del conjunto de los aparatos del Estado. El resquebrajamiento del poder se aprecia en el agravamiento de las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas cuyo resultado más visible es la publicación constante de nuevos casos de corrupción. También se percibe en el enfrentamiento “a cara de perro” entre fracciones internas en todos los partidos institucionales, en la degradación y corrupción en el seno de las grandes centrales sindicales, en las tensiones en la judicatura, en el seno del Ejército, y que tienen su máxima expresión en el imparable descrédito de la Casa Real.
La crisis del Estado se manifiesta, sobre todo, por las divisiones internas entre la burguesía cuya consecuencia más evidente es la agudización de las tensiones independentistas, sobre todo en Cataluña. Este proceso se relaciona directamente con el desmoronamiento del modelo de capitalismo español, especulativo y dependiente de grandes obras públicas financiadas por el Estado y por fondos europeos. Ya no se puede seguir engrasando la “unidad de España” con suculentas transferencias e inversiones.
En su conjunto, la quiebra del Estado –acelerada por la crisis– pone de manifiesto la gran estafa que supuso la Transición, no sólo en lo que respecta a una emancipación de clase imposible bajo el capitalismo, sino mucho más inmediatamente en lo que atañe a toda una serie de derechos democráticos fundamentales tales como: amnistía general, depuración de cuerpos represivos o Derecho de Autodeterminación de los Pueblos.
La implicación directa de las cúpulas de UGT y CCOO en graves casos de corrupción vinculados a instituciones gobernadas por la “izquierda” refleja el enorme soborno que desde la Transición engrasó el abandono de los intereses de clase que justifican su existencia, para convertirse en unos en meros instrumentos del Estado.
El PSOE, que ha representado y representa –al igual que el PP- los intereses fundamentales del capitalismo español, del imperialismo europeo y de la OTAN, intenta con el apoyo de CCOO, UGT e IU, utilizar el gran descontento popular como ariete contra el PP. El discurso defendido por las cuatro organizaciones –que actúan como un ente compacto- y sus satélites en la llamada “Cumbre Social”, de “vuelta del Estado del Bienestar” o del “modelo social europeo”, apoyado por sus aparatos mediáticos y por sus bien controlados aparatos sindicales, pretende utilizar la movilización social para impulsar su enésima vuelta la gobierno, esta vez con IU.
La propia IU –al igual que el PSOE y el PP– está atravesada por profundas divisiones internas que, en lo esencial comparten la estrategia fundamental de intentar gobernar con el PSOE y que difieren acerca de la forma de intentar utilizar para sus fines la movilización popular.
Por su parte, la candidatura “Podemos” no plantea con claridad los elementos de ruptura con los planteamientos políticos imprescindibles para ser considerada como una alternativa independiente del poder. Más allá de consideraciones estrictamente organizativas, la indefinición calculada de su programa junto a un llamativo apoyo mediático le llevan a jugar un papel de señuelo para intentar dar nuevas formas, adecuadas a los nuevos tiempos, a un descontento social que amenaza con desbordar a los poderes establecidos.
La comparación entre la forma en que tratan los medios de comunicación y los aparatos de poder a Podemos y la rabiosa campaña de criminalización que desplegaron contra Iniciativa Internacionalista en el 2009 arroja bastante luz sobre el espacio político real de cada una de ellas.
Quizás por eso mismo “Podemos” está despertando ilusiones en capas populares – que mayoritariamente se identifican con una pequeña burguesía empobrecida – desencantadas con IU y que necesitan imperiosamente “politizar” el 15M y las “mareas”.
La clase obrera y sus expresiones políticas consecuentes aún no tienen la fuerza ni la capacidad de representación suficiente. Un sujeto revolucionario demasiado débil “cede” por ello – temporalmente – el protagonismo en la escena política a quienes no se atreven a plantear las imprescindibles rupturas con la UE y con el engranaje de la Transición, y cuyos oropeles de modernidad sirven para mantener la ilusión de que sin esas rupturas se pueden resolver los problemas sociales. Son ilusiones con fecha de caducidad que, previsiblemente, no obstante, van a ocupar el panorama mediático-político durante algún tiempo.
La izquierda revolucionaria debe acompañar la maduración de un proceso político que está abocado a culminar con la constatación de que los graves problemas que afectan a la clase obrera y a las clases populares sólo pueden ser enfrentados desde planteamientos de ruptura y desde cambios en la correlación de fuerzas. Y estos sólo se engendran mediante la conciencia de la identidad y del propio poder de clase que, a su vez, hunde sus raíces en la radicalización y la extensión de las luchas.
3. El papel de la reivindicación nacional en el Estado español
Tras la claudicación vergonzante de la izquierda política y sindical en la Transición –factor determinante de su posterior derrota- la lucha contra la opresión nacional ha expresado en las nacionalidades históricas la rebelión contra el Estado con un importante contenido de clase, sobresaliendo en este sentido Euskal Herria.
Las izquierdas independentistas representan, por su historia de lucha y porque resumen la reivindicación nacional y de clase, elementos fundamentales para la construcción de alianzas contra el enemigo común principal: la dominación ejercida por el Estado español sobre la clase obrera y sobre los pueblos que tiene en la monarquía su clave de bóveda.
Entendemos que, sin menosprecio alguno por otras luchas obreras y populares, es el pueblo vasco, efectivamente, el que con más coherencia y continuidad ha mantenido la lucha durante cinco décadas y quien, sin ninguna duda, ha sufrido las consecuencias más terribles de la represión. El acierto histórico –fundamentalmente de la izquierda abertzale- de no reconocer el montaje de la Transición y de mantener a toda costa la lucha por la independencia y por el socialismo, marca la diferencia entre la capacidad de representar a su pueblo y la decadencia irreversible de la inmensa mayoría de las organizaciones de la izquierda estatal, que vendieron la lucha obrera y popular que encabezaban a cambio de las migajas de su reconocimiento institucional.
El ejercicio concreto del Derecho de Autodeterminación de los pueblos del Estado español, que presupone el derecho a la independencia, forma parte incuestionable de los derechos democráticos a defender por toda organización consecuentemente revolucionaria.
4. La Deuda y el Euro, los instrumentos de dominación.
La concreción de la dominación de clase sobre los pueblos de Europa por parte del capital se ejerce hoy principalmente a través de la UE y sus instituciones (especialmente la Unión Económica y Monetaria representada por el Euro), del BCE, y del FMI.
El imperialismo aniquila países de la periferia en su búsqueda desesperada de materias primas y la OTAN es el instrumento que disciplina –aun con grandes contradicciones- al capitalismo europeo y estadounidense para destruir a los países que se resisten al saqueo y para servir de amenaza al “enemigo interno”.
Desde el estallido de la última fase de la crisis, la financiera e inmobiliaria, se ha puesto en marcha un mecanismo férreo y masivo de concentración y de destrucción de capital –sobre todo en los países europeos más dependientes y menos desarrollados – al servicio de los grandes monopolios y de la banca, fundamentalmente alemanes.
Este proceso, destinado a asegurar la reproducción ampliada de capital en la Eurozona y la hegemonía alemana en la misma, se lleva a cabo mediante una brutal ofensiva de clase y se ejerce, como en otros países y en otras etapas históricas, a través de la Deuda y mediante el engranaje institucional de la Unión Económica y Monetaria articulada en torno al Euro.
La Deuda contraída por los diferentes gobiernos del PSOE y del PP se origina mediante una ingente transferencia de recursos públicos a la banca privada –más de 200.000 millones de euros – así como mediante a la financiación pública de macroproyectos de comunicaciones como los AVE, autopistas, aeropuertos, descomunales gastos en armamento, etc, muchos de ellos realizados en contra de movilizaciones populares.
La Deuda pública y la pertenencia al espacio del Euro son los mecanismos esenciales de dominación por parte del BCE y de la UE contra todo tipo de soberanía de gobiernos municipales, autonómicos y del Estado. El PSOE en agosto de 2011 propuso y, con el apoyo del PP y de UPN, aprobaron la modificación constitucional por la que se estableció la “prioridad absoluta del pago de la deuda y de sus intereses sobre cualquier otra partida de gasto”. Este mandato se reproduce en el Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación (TSCG) de la Unión Económica y Monetaria y se detalla en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esas tres normas determinan las formas y los plazos en los que Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado, y Seguridad Social deberán asegurar hasta 2020, que el déficit estructural –básicamente el gasto en empleo y servicios públicos- sea cero (actualmente es del 5.8%) y la deuda pública no supere el 60% del PIB (actualmente supera el 94% del PIB, más de 900.000 millones de euros).
Para ello se debe reducir el gasto público en torno a los 400.000 millones de euros de aquí a 2020; esto equivale, en sentido estricto, a la liquidación del empleo y de los servicios públicos.
Lo más grave es que está previsto el mecanismo legal para intervenir por parte del Estado a la Comunidad Autónoma o a la disolución del gobierno municipal que no cumpla en los plazos previstos. El argumento legal es el incumplimiento de las obligaciones constitucionales, es decir, del artículo 135 de la Constitucional, el que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda tras la reforma constitucional de 2011.
Curiosamente, en el caso de las Corporaciones Locales se les aplica el artº 61 de la Ley de Régimen Local introducida para aquellos ayuntamientos que “den cobertura o apoyo al terrorismo”.
No cabe ninguna duda de que el mecanismo de la Deuda –que es el escandaloso resultado de trasladar la deuda privada de empresas y bancos a deuda pública – es utilizado como brutal e interminable chantaje para imponer privatizaciones, liquidación de servicios públicos y sucesivas contrarreformas laborales a cualquier gobierno que acepte el pago de la Deuda y el marco de la Unión Económica y Monetaria.
Propuestas pretendidamente rupturistas, como la de iniciar un proceso constituyente, carecen de credibilidad alguna si no se plantea con carácter previo el único marco político desde el que se pueda hablar de soberanía: No pagar la deuda y, a partir de ahí, romper con el marco político, institucional, económico y normativo de la Unión Europea.
5. Condiciones para una participación electoral revolucionaria en las condiciones actuales.
Como ya hemos apuntado al comienzo, la participación electoral para Red Roja es un hecho estrictamente instrumental que debe valorarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas que concurran en cada momento. Y en cualquier caso, su justificación depende fundamentalmente de si la misma contribuye o no al fortalecimiento de las posiciones políticas que permitan avanzar en el proceso revolucionario.
La única posibilidad de que Red Roja se plantease la participación electoral sería el surgimiento de algún tipo de coalición mínimamente sólida y con traducción político-práctica seria, capaz de levantar un programa político de ruptura, que permitiera avances en la correlación de fuerzas favorable a la clase obrera y a los pueblos del Estado del español.
Ese programa debería articularse en torno a los siguientes elementos por los que se debe trabajar para que sean asumidos por las movilizaciones presentes y por venir.
1º. No al pago de la Deuda que está en la base de todos los recortes sociales, y sin aceptar planteamientos ambiguos acerca de “auditorías para identificar la parte ilegítima” de la Deuda.
2º. Salida de la UE y del Euro, como expresiones institucionales y monetarias del imperialismo euro-alemán. Es preciso romper con quienes imponen el pago de la Deuda y con él la liquidación de las conquistas históricas de nuestra clase.
3º. Ruptura democrática con el régimen de la Transición, ilegítimo “en origen”. Ello implica la depuración del engranaje institucional y de los cuerpos represivos, la derogación de la legislación antiterrorista, la amnistía para todos los presos y presas políticos y el Derecho de Autodeterminación –incluida la independencia- de todas las nacionalidades oprimidas por el Estado español.
4º. La salida de la OTAN y el desmantelamiento de las Bases como instrumentos militares de la dominación imperialista contra la soberanía de los pueblos.
Estos cuatro elementos deberían servir de base para la creación de alianzas de clase, obreras y populares, especialmente entre los pueblos de los Estados intervenidos por la Troika. Esas alianzas deben ser los pilares de un nuevo internacionalismo basado en la soberanía popular sobre la riqueza y sobre todos los aspectos de la vida social y que se asiente sobre el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos.
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